Este planteamiento ha tenido un importante impacto en todo el país como lo reflejan las declaraciones y debates que se reiteran día a día en los medios de comunicación. También ha generado comprensibles preocupaciones entre los maestros que temen verse afectados negativamente por el cambio propuesto.
Un argumento que reiteran quienes defiende la ley 29062, conocida mayormente como ley de carrera pública magisterial (LCPM), es que si de cambios se trata basta con modificarle algunos artículos y asunto arreglado. Lo dicen ciertamente porque desconocen la situación del conjunto del magisterio nacional.
Los maestros hoy están divididos en las instituciones públicas del país y en algunos casos enfrentados según su pertenencia a la Ley del Profesorado o a la LCPM. Hay menos armonía y mayor malestar y este deterioro del clima institucional afecta la marcha del centro educativo, no permite una buena gestión y no es favorable para el aprendizaje de los niños.
La pregunta es ¿cómo se ha llegado a esta inaceptable situación, que algunos quisieran ignorar?
En julio de 2007 nació la LCPM en medio de una huelga nacional y fue percibida por la mayoría de docentes como una norma amenazante y no como una oportunidad de desarrollo profesional. Esta ley se vino gestando desde 2001 y se convirtió en proyecto de ley en 2006 cuando el Presidente Toledo lo presentó al Congreso sin lograr su aprobación. El mismo proyecto fue retomado por el gobierno aprista y presentado con algunas modificaciones, logrando que se aprobara en la Comisión Permanente con el nombre de Ley 29062 “Ley que modifica la Ley del Profesorado en lo referido a la carrera pública magisterial”.
A diferencia de las leyes magisteriales anteriores, el enfoque de la LCPM es que los docentes se incorporan a ella gradual y voluntariamente, en un periodo estimado de 10 años. Los concursos convocados para ello no han tenido acogida entre los maestros de la Ley del Profesorado, como lo revelan de manera clara las cifras oficiales de la Comisión de Evaluación que condujo los concursos de incorporación entre los años 2009 y 2011.
RESULTADOS OFICIALES DE LOS CONCURSOS NACIONALES DE INCORPORACIÓN
(Comisión de Evaluación del Ministerio de Educación)
AÑO
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VACANTES
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INSCRITOS
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INCORPORADOS
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COSTOS (S/.)
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2009
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20,000
|
11,220
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6,675
|
6’489,485
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2010
|
25,000
|
22,195
|
9,332
|
10’480,133
|
2010-2011
|
20,000
|
10,412
|
3,078
|
7’708,464
|
2011
|
40,000
|
7,928
|
3,476
|
13’983,735
|
2011-II
|
20,000
|
7,085
|
2,405
| |
TOTAL
|
125,000
|
68,587
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24,966
|
38’661,817
|
Como se observa, las vacantes han superado largamente el número de docentes inscritos y en cada concurso los docentes postulantes han sido cada vez menos. Luego de cinco concursos públicos, que intentaban alcanzar la meta oficial de 95 mil docentes incorporados, el total (24,966) apenas representa el 10% de los docentes titulados y nombrados.
De seguir con esta estrategia que resulta costosa, probablemente deberemos esperar más de 30 años para que todos los profesores se incorporen a la LCPM.
Por otro lado la Ley 29062 dispuso que en tanto no se incorporen a ella, los profesores nombrados en actividad continuarían comprendidos en los alcances de la Ley del Profesorado. De esta forma durante un tiempo indeterminado a los profesores al servicio del Estado los ampararían dos leyes diferentes, cuya vigencia se reconocía.
En los hechos no ha sido así pues el gobierno aprista actuó como si únicamente estuviera vigente la Ley 29062 dejando de lado la Ley del Profesorado. Para los pocos docentes sujetos a la primera ley (aproximadamente 55 mil, sumando los nuevos profesores nombrados), estableció una nueva y mejor escala de remuneraciones; para los cerca de 200 mil docentes de la Ley del Profesorado decidió congelarles sus remuneraciones durante seis años, agravando las condiciones de vida de estos profesores y generando el amplio descontento que hoy se expresa. La decisión de congelar las remuneraciones fue utilizada como mecanismo de presión para que los profesores se sintieran obligados a pasarse mayoritariamente a la nueva ley, cosa que no ocurrió.
Este es un cuadro real de la grave situación que viven actualmente los docentes del Perú y frente a ello era necesario tomar decisiones urgentes. El Estado no puede seguir implementando tratos diferenciados para docentes a su servicio que por función realizan tareas similares en las instituciones educativas públicas del Perú. Por el contrario, al Estado corresponde establecer normas comunes que integren a los docentes, que establezcan las mismas exigencias, los mismos derechos y las mismas oportunidades de desarrollo profesional para todos, sin excepción.
Bajo esta convicción se ha estructurado el nuevo Proyecto de Ley de Reforma Magisterial que incorpora en su texto planteamientos de la LCPM y de la Ley del Profesorado, buscando mejorarlos. Corresponderá al Congreso de la República su aprobación.
Aprobada y publicada la ley, todos los docentes serán incorporados en uno de los ocho niveles de desarrollo profesional que se proponen, todos se sujetarán a una misma estructura remunerativa simplificada cuyo concepto central es la remuneración íntegra mensual (RIM), todos percibirán inmediatamente un incremento en sus remuneraciones actuales y todos se sujetarán a un solo marco normativo.
Con ello se dará inicio a un modelo de carrera pública inclusivo donde los docentes tendrán la oportunidad de ascender de nivel, de acceder a diversos cargos, de obtener estímulos e incentivos, a través de procesos evaluativos públicos y transparentes que reconocerán el desempeño laboral en el aula, los méritos y los conocimientos.
Hacer realidad estos procesos constituye un reto y una gran responsabilidad.
Manuel Paiba Cossíos.
Director de Trayectoria y Bienestar Docente.
Ministerio de Educación.
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